Ceuta vuelve a ser el epicentro de una severa crisis migratoria que desborda los recursos asistenciales y pone al límite a las fuerzas de seguridad. Las imágenes de grandes grupos cruzando a la carrera y de miles de personas llegando a nado no son un hecho aislado ni meramente coyuntural. Por su escala, sincronización y consecuencias estratégicas, esta situación recuerda peligrosamente a precedentes históricos de presión coordinada como la Marcha Verde, evidenciando el uso instrumental de los flujos humanos como herramienta de coerción geopolítica.
Este escenario de fricción colisiona además con un rígido marco judicial interno y plantea un interrogante crítico: ¿Cómo puede y debe defenderse un Estado de derecho cuando su soberanía territorial y su seguridad nacional son desafiadas en la zona gris?
